En la orden de la jueza Bolton se indica que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley".
"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.
La medida entró en vigor el jueves, como estaba previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
Bolton no bloqueó la parte de la ley que crea delitos menores por dar refugio o transportar a indocumentados.
Bolton emitió su fallo después presidir audiencias correspondientes a tres de las siete demandas federales interpuestas en contra de la SB1070. Los demandantes son el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Unión Americana de Libertades Civiles, agentes de policía de Phoenix y Tucson, municipalidades, inmigrantes indocumentados y grupos sin fines de lucro.
Próximamente se programarán audiencias con la finalidad de conocer las siete demandas en su totalidad. Todas o algunas de las demandas podrían consolidarse. Una audiencia completa probablemente incluya apelaciones, (posiblemente los casos lleguen hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos) y este proceso podría tomar varios años.
Arpaio dijo que el fallo de la juez Bolton no lo sorprendía y que éste tendrá poca repercusión en su operativo de supresión del crimen programado para el jueves.
Arpaio dijo que lo único que cambió con el fallo de Bolton es la capacidad de la agencias del orden de Arizona de usar un cargo estatal (incumplimiento voluntario para portar documentos) para encarcelar a las personas. Ahora, las agencias policiales pueden continuar comunicándose con los oficiales de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para determinar si los agentes federales serán quienes arresten al sospechoso, dijo Arpaio.
"Según un acuerdo que tenemos con ICE, los agentes de la Oficina del Sheriff que hayan sido capacitados por el gobierno federal continuarán investigando el estado migratorio de todo individuo encarcelado en Maricopa County Jail. "Sobre la base de nuestro (acuerdo) 287 (g) vamos a determinar si son indocumentados o no", dijo Arpaio.
El procurador general Terry Goddard, que es el presunto nominado demócrata para gobernador y el previsto contrincante de Brewer en las elecciones generales, la acusó de usar la SB1070 con fines políticos y escribió en su cuenta de Twitter que "Brewer manipuló el tema migratorio con fines políticos y perdió".
Por otro lado, el republicano John Kavanagh, uno de los coauspiciadores de la ley 1070, calificó al fallo de Bolton de "muy decepcionante" y dijo que arremetió directamente contra "la esencia de la ley".
"La decisión nos decepciona mucho", dijo Kavanagh. "Esas eran partes importantes de la ley que nos ayudaban a combatir la inmigración indocumentada. Supongo que apelaremos inmediatamente al Noveno Circuito (Corte de Apelaciones)".
Stephen Montoya, el abogado que representa al oficial de policía de Phoenix David Salgado en la demanda que entabló en contra de la SB1070, dijo que estaba satisfecho con el fallo de Bolton.
Dijo que espera que el estado entable inmediatamente una apelación en el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos y también señaló que combatirá dicha apelación.
Montoya dijo que espera que el fallo de Bolton ponga freno a la retórica acalorada por parte de todos los bandos.
"Pienso que las personas que perdieron no deben sentir que todo está perdido porque todavía tienen al Congreso de los Estados Unidos como una vía para pedir un desagravio", indicó Montoya. "Este debate le corresponde al Congreso, no a la Legislatura del estado".
David Gonzales, el USA marshal de EU en Arizona, cuya agencia está a cargo de la seguridad de la Corte Federal en el centro de Phoenix, dijo que el edificio permaneció cerrado para el público en general, menos para los que tienen negocios allí.
Gonzales dijo que había cierta preocupación por las reacciones de los manifestantes en vista del fallo de Bolton.
"Cuando tenemos una situación como ésta, los ánimos están encendidos en ambos bandos. De tal manera que la posibilidad de que ocurran actos de violencia es alta".
Un vocero de Puente, uno de los grupos que ha organizado manifestaciones en contra de la ley, dijo que el grupo no ve a la prohibición judicial parcial como una victoria y considera que la ley debió ser bloqueada en su totalidad.
"Todavía queda mucho por hacer", dijo Opal Tometi, vocero del grupo. "Esta decisión no aborda la raíz del problema ni las preocupaciones de la gente afectada".
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