La ley estadounidense obliga al gobierno a realizar al inicio de cada decenio un conteo nacional de población, a partir del cual luego se calculan los presupuestos federales para servicios públicos y se reparten las bancas legislativas durante la siguiente década.
Se estima que en el pasado censo de 2000 más de un millón de hispanos no fueron registrados, alrededor de un 3% de la comunidad.
La omisión significó la pérdida de millones de dólares en partidas presupuestarias para las ciudades en que vivían y posiblemente de bancas en la Cámara de Representantes del Congreso Nacional y las legislaturas estatales.
Esta vez la Oficina del Censo de Estados Unidos enviará por primera vez en su historia formularios bilingües en aquellos lugares donde hay una concentración importante de latinos.
Las autoridades censales han repetido incansablemente que el objetivo es contar hasta la última persona sin importar su estatus migratorio, una pregunta que -por cierto- no se hace en los formularios.
Fuente: bbc
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