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VOLVER A TU PAÍS TE PUEDE SALIR CARO

Por desconocimiento de la  Ley de Seguridad Bancaria

En menos de 15 minutos, Cirilo Martínez perdió 26 mil dólares, seis años de trabajo y el sueño de una nueva vida.

Ahí iban sus jornadas de 15 horas diarias trabajando en un restaurante de comida china y sus ahorros como mecánico los fines de semana, todo ello ahora en manos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tras serle confiscada esa cantidad en el aeropuerto en Nueva York cuando se embarcaba de regreso a México.

Cirilo falló al reglamento federal de aduanas, en el que se especifica que todo aquel viajante con una cantidad mayor de 10 mil dólares debe declarar las divisas que lleva.

"Es legal transportar cualquier cantidad de dinero y no se les pide que indiquen de dónde procede, pero si la persona viaja con más de 10 mil dólares, tiene que declararlo al entrar o al salir del país, o de lo contrario puede ser confiscado", indica Angélica DeCima, portavoz de CBP.

DeCima añade que esta situación ocurre con bastante frecuencia en los cruces fronterizos debido, en muchos casos, por desconocimiento de la ley.

La Ley de Seguridad Bancaria, en vigor desde octubre de 1970, se estableció con el fin de perseguir los delitos de lavado de dinero, además de obligar a la declaración de bienes superiores a los 10 mil dólares, bajo pena de ser confiscados.

Indígena mexicano y apenas con poco dominio del español, Cirilo desconocía esta ley.

"Yo nomás quería ir mi tierra, ya no quería estar allá [EEUU] porque no hay trabajo, pues. Yo lo dejaba en la casa dinero y nomás quería llevármelo. Llegué con mochila a avión, ‘tonces’ dejé ahí en la máquina y ahí aparecieron todos los dólares, pues", dice en entrevista desde su natal Tlapa, Guerreo, México, donde aún hoy pelea su caso y el reembolso de su dinero.

Sin forma de probar como fue obtenido el dinero, ya que su antiguo patron no quiere tener problemas con hacienda, no tiene forma de recuperarlo

Ayuda legal para indocumentados

A los inmigrantes ni "El Chapulín Colorado" los puede defender. Si no tienen lana para contratar un abogado cuando se presentan en un tribunal de inmigración, se las tienen que arreglar solos. Hacerle al autolitigante. O conseguir los servicios de un abogado pro bono, es decir, de gratis.

Y es que datos de la Executive Office for Immigration Review (EOIR) revelan que el 84% de los inmigrantes detenidos no tuvieron representación legal cuando fueron presentados en los tribunales de inmigración en el año fiscal de 2007.

Los tribunales de inmigración no son como los tribunales penales, donde el estado proporciona un defensor de oficio en caso de que el acusado no tenga recursos.

Para enfrentar ese problema de la representación legal para los inmigrantes que tienen procesos de deportación o peticiones de asilo político, el Vera Institute of Justice, una organización de investigación que busca ayudar al gobierno y a la sociedad civil a mejorar el sistema de justicia, ha establecido un programa llamado Legal Orientation Program (LOP).

La idea es orientar y mantener informados a los inmigrantes detenidos sobre sus derechos y el proceso a seguir en los tribunales.

En 2005 el Vera Institute of Justice empezó a trabajar con la EOIR (dependencia del Departamento de Justicia que opera los tribunales de inmigración) como un servicio de asistencia legal para los inmigrantes detenidos.

Desde entonces el LOP existe en 13 centros de detención de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), uno de ellos en Lancaster y otro en San Diego y ha ayudado a unos 130 mil inmigrantes en sus procesos de inmigración en los tribunales. La semana pasada la EOIR informó que el LOP estará funcionando en otros 12 centros de detención, uno de ellos en Los Ángeles.

Fuente: impre.com

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